La COFEPRIS discapacitada: un pasivo para el gobierno de AMLO

Entre los señalamientos más destacados se indica que el médico pediatra yucateco carece de méritos técnicos y experiencia en materia de salud pública, prevención de riesgos sanitarios y menos en materia regulatoria.

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Por: José Romero

De acuerdo con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (2006), cuando una persona es definida como “discapacitada”, debe ser explícito que el espacio en el que se desenvuelve, inhabilita su potencial para ejercer las funciones relativas a su rol, el que sea que desempeñe por decisión o por encargo.

En ese sentido la discapacidad no se deriva necesariamente de una enfermedad, sino de la situación en que se encuentra una persona y su capacidad para resolver las circunstancias en su alrededor.

Bajo este paraguas, ¿es posible trasladar el concepto discapacidad, cuando nos referimos a autoridades impedidas por los elementos de su ambiente para ejercer las funciones vinculadas a su cargo?

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) es una institución del gobierno federal diseñada para ser una instancia reguladora, encargada de vigilar y proteger a los mexicanos contra posibles riesgos para su salud.

En su poder está la autorización, actualización, otorgamiento de prorrogas y seguimiento de permisos para la adquisición, venta, importación y exportación de insumos y productos para el consumo humano, destinados a la mejora de su calidad de vida. También emite permisos de publicidad y licencias a establecimientos.

Todo lo que comemos, bebemos, inhalamos, untamos y nos aplicamos, es decir, todo lo que entra a nuestro organismo por vía directa o indirecta, pasa por la autorización de esta agencia sanitaria del Estado.

Si agrupamos a las industrias que someten su actividad empresarial a la autorización de la COFEPRIS, nos referimos a casi el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) de México.

Hablamos de empresas de alimentos y bebidas tanto alcohólicas como no alcohólicas, cosméticas, de perfumería, farmacéuticas, de dispositivos médicos, suplementos alimenticios, fórmulas para lactantes, cigarros, organismos genéticamente modificados para industria agrícola, plaguicidas, entre otros. También le toca participar en la discusión y aprobación para la producción en México, tanto para uso medicinal como lúdica de cannabis y sus derivados.

Además de la protección a la salud de los mexicanos, la COFEPRIS juega un rol preponderante en la operación, desarrollo y competitividad de estos sectores, varios de los cuales han manifestado recientemente extrañamientos y descontentos sobre la nueva forma de operar del organismo, al frente del Dr. José Alonso Novelo Baeza.

 

Conflicto de interés en la COFEPRIS

Entre los señalamientos más destacados se indica que el médico pediatra yucateco carece de méritos técnicos y experiencia en materia de salud pública, prevención de riesgos sanitarios y menos en materia regulatoria.

Fuentes de las industrias de alimentos, bebidas y la farmacéutica mencionan que el verdadero poder detrás de la COFEPRIS se concentra en el Lic. Raúl Alemán Sánchez, a quien el Dr. José Novelo ha cedido la designación de funcionarios que toman decisiones en la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC) y la Comisión de Autorización Sanitaria (CAS), quienes por su pasado, podrían ser sujetos de investigación y posibles sanciones por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Se trata de Elvira Espinosa Gutiérrez de la CCAYAC así como Graciela Aguilar Gil Samaniego y Norma Lucía Domínguez Yerena, quienes tienen responsabilidades de registro y autorización en la CAS. En su vida laboral pasada, estas tres funcionarias eran colaboradoras en puestos clave en la empresa Qually Corporación, tercera autorizada para realizar trámites y someter autorizaciones ante la COFEPRIS.

Sobre el Lic. Raúl Alemán Sánchez, quien maneja un perfil público bajo y ostenta una plaza de Director General Eventual con un salario bruto de 132 mil 312.92 pesos, de acuerdo con datos de nómina en transparencia del Gobierno Federal, se menciona que en 2002 ya había colaborado en la institución como Director de Recursos Humanos, pero que fue dado de baja debido a la supuesta venta de plazas. A él es a quien el Dr. José Novelo ha encargado el tan anunciado y, para muchos industriales fallido rediseño de la COFEPRIS.

Incapacidad u omisión institucional, otra forma de corrupción

Asimismo, supuestamente derivado de la Ley de Austeridad Republicana, la COFEPRIS se ha venido deshaciendo de personal técnico especializado, encargado de apoyar en la autorización de insumos, medicamentos y muchos otros productos industriales, quienes daban atención hasta al 60% de los solicitantes en ventanillas.

Se cuenta a más de 100 personas quienes se encontraban contratadas por honorarios y se calcula que en lo que va de la administración del Dr. José Novelo, pueden estar detenidos hasta 80 mil trámites sometidos por las diferentes industrias.

Empresas de alimentos y bebidas no alcohólicas, de medicamentos y dispositivos clínicos, productos cosméticos así como los de la producción de derivados del cannabis han sido los más vocales al respecto.

Denuncian que “la COFEPRIS se ha vuelto un estrecho cuello de botella, una agencia incapacitada para ejercer sus funciones y el peor de los pasivos para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”.

Las fuentes consultadas coinciden en que “la incapacidad institucional, omisión y obstrucción que se vive en la COFEPRIS del Dr. José Novelo, es otra forma de corrupción”.

De acuerdo con el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los servidores públicos podrán ser sometidos a juicio y sanciones ya sea administrativas o penales, “por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”.

Por su parte, Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos va más allá, en su artículo 7, fracción VI, especifica la procedencia de juicio contra servidores públicos “cuando los actos u omisiones afecten los intereses públicos fundamentales”, entendiéndose por ello “cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones”.

Con estos fundamentos de respaldo, los industriales acusaron el pasado 31 de julio en la reunión del Grupo de Regulación Sanitaria, convocada por el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, los graves retrasos y exceso de burocracia en la COFEPRIS, que afecta no solo la operación de las empresas sino los derechos de los consumidores y más importante, el acceso a la salud de los mexicanos.

Se señaló que se ha vuelto una constante insoportable la falta de cumplimiento de los plazos legales que tiene la COFEPRIS para admitir y dar respuesta a los diferentes trámites y sometimientos establecidos en el Reglamento de Insumos para la Salud (RIS).

En la sección editorial del periódico 24 Horas del pasado 6 de agosto, trascendió que como respuesta a estas acusaciones, el viernes 2 de agosto, a puerta cerrada, el Dr. José Novelo ordenó a su equipo no tener ningún tipo de encuentro o acuerdo, especialmente con representantes de las industrias relacionadas con la salud y los alimentos.

 

Las omisiones de la COFEPRIS

Es una incógnita cuánto le cuesta a los mexicanos y a las industrias reguladas por la COFEPRIS del Dr. Novelo esta incapacidad institucional. De acuerdo con expertos en competitividad, la cifra podría ascender a decenas de miles de millones de pesos al cierre de 2019.

Entre los costos se mencionan la disminución de la productividad nacional, pérdida de empleos de calidad e inactividad de personas técnicamente capacitadas para laborar en industrias complejas, reducción de la innovación hecha en México, fuga de cerebros y mayor dependencia a importaciones de productos extranjeros.

Por encima de estas afectaciones, las consecuencias para la seguridad y salud de los mexicanos es lo más importante. Y es que los rezagos de la COFEPRIS no son únicamente de trámites, sino en agendas públicas que impactan sobre la calidad de vida de las personas y la sostenibilidad de instituciones públicas dedicadas al servicio de los mexicanos.

El desabasto de medicamentos en instituciones públicas de salud, los costos de importación de productos no regulados en México, como los derivados de la cannabis para uso medicinal, la permisividad a la venta ilegal de productos de tabaco como el “cigarro suelto” y “cigarro electrónico”, ambos violatorios del Contrato Marco para el Control del Tabaco, la venta ilegal a mano suelta de alcohol adulterado y a menores de edad, principalmente en el sureste mexicano, así como la entrega indiscriminada de permisos de importación a trasnacionales de semillas transgénicas y de organismos genéticamente modificados, son algunos de los temas que la actual COFEPRIS ha desatendido.

Queda pendiente también la inacción institucional para promover un etiquetado nutrimental fácil de entender para los consumidores, lo que ayudaría a prevenir y disminuir factores de riesgo para enfermedades crónico degenerativas como la obesidad, diabetes, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica y cánceres relacionados con el consumo desinformado e indiscriminado de alimentos y bebidas procesadas.

¿Cuánto le cuesta a los mexicanos las omisiones de la nueva COFEPRIS? ¿Cuánto nos cuesta la discapacidad del Dr. José Alonso Novelo Baeza? ¿Es la omisión de funcionarios públicos la nueva forma de corrupción? ¿Es la COFEPRIS el peor pasivo para el gobierno de AMLO?

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