Empresariado mexiquense no quiere nuevos impuestos; PRI respalda el ecológico  

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No es tiempo de nuevas cargas impositivas. Esa fue la respuesta de la presidenta del Consejo de Coordinación Empresarial del Estado de México, Laura González, ante la propuesta del Gobierno del Estado de México de crear cuatro nuevos impuestos para 2022.

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En lugar, asegura la voz del empresariado mexiquense, se debería aumentar la recaudación, además de lanzar una campaña para la formalización de las empresas en el Estado de México.

A decir de González, impuestos creados recientemente no han servido de mucho y puso el ejemplo, durante una reunión con grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC) y Nueva Alianza, sobre el Impuesto sobre Hospedaje con un fideicomiso que no opera. También, dejó en claro que el golpe sería para los pequeños negocios, no para los grandes empresarios.

PRI responde

El impuesto ecológico propuesto por el ejecutivo estatal implica gravar únicamente a quienes realicen actividades económicas en las que se emitan gases de efecto invernadero (principalmente CO2) y contaminen del Estado de México. Así lo dijo Guillermo Zamacona Urquiza, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante la reunión de trabajo para analizar el Paquete Fiscal 2022 de Comisiones Unidas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas de la LXI Legislatura.

Datos 

Zamacona Urquiza refirió que 90 por ciento del tiempo, la calidad del aire que se respira en el área Metropolitana del Valle de México no cuenta con los estándares mínimos internacionales. También hizo énfasis en que la entidad no cuenta aún con una herramienta económica para que los empresarios que afecten con sus actividades la calidad del aire, se responsabilicen por el daño a nivel social.

De aprobarse este rubro dentro de la Ley de Ingresos para el 2022, los montos recaudados con este impuesto serían destinados a la aplicación de medidas y acciones que mitiguen el daño ecológico.

Zamacona Urquiza recalcó que los sectores empresariales deben comenzar a migrar, poco a poco, a energías más limpias y amigables con el ambiente. El impuesto propuesto considera un pago de 43 pesos por tonelada de dióxido de carbono emitida, lo cual, infiere que, a menor emisión de gases contaminantes, menor será el pago del impuesto, comentó.