Por Anahí Lima.
El debate feminista entre la abolición o regulación del trabajo sexual comercial se mantiene latente, incluso frente a la crisis sanitaria; la diferencia es que en esta ocasión nos enfocamos en la praxis más que en la teoría.
Desde el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, el de las trabajadoras del sexo comercial fue uno de los primeros grupos en verse afectado. El cierre y desalojo de hoteles limita y complica en un primer nivel, la generación de ingresos; en segundo, aumenta el número de mujeres que viven en situación de calle, dejándolas más vulnerables ante el contagio y la violencia.
Si bien, el impacto de la epidemia ha resaltado algunas de las desigualdades estructurales en México, es fundamental recordar que son hechos que se manifiestan diariamente. Son las situaciones extraordinarias, como la que se vive hoy, que nos obligan a fijar la mirada sobre las realidades que normalmente se esconden en la clandestinidad.
En la legislación mexicana predomina un sistema abolicionista del trabajo sexual, es decir, que dentro de las leyes este no figura para ser regulado, ni sancionado. El abolicionismo como teoría parte de la premisa de que el ejercicio del trabajo sexual comerciado, en la mayoría de los casos, no surge de una elección libre y consciente. Son muchas las mujeres obligadas o coaccionadas por proxenetas, víctimas del tráfico de personas o cuya única esperanza de supervivencia económica puede ser resuelta a través de este oficio. Desde dicha perspectiva, el verdadero consentimiento no es posible, ya que no habría manera de que una mujer accediera a su propia opresión y cosificación. El abolicionismo castiga y otorga responsabilidad a los abusadores o terceros que se benefician del trabajo sexual ejercido por la trabajadora de sexo comercial o víctima. Por esta razón, el objetivo no es la prohibición del trabajo sexual comerciado, sino, su abolición total.
Sin embargo, bajo el contexto actual, esta práctica está lejos de ser abolida. El INEGI (2018) indica que existen alrededor de 800,000 trabajadoras del sexo comercial en el país, pero al menos la mitad son menores de 18 años o víctimas de algún tipo de abuso de poder. El Código Penal Federal regula únicamente algunas figuras relacionadas con el trabajo sexual comerciado en los artículos 202, 203, 204, 206 y 207 entre otros, mientras cada Entidad Federativa es libre de regular el resto de los aspectos que no están especificados. Más allá de la prohibición de los aspectos relacionados a diferentes abusos que se presentan en el mercado sexual, no existe regulación del trabajo sexual en ningún nivel administrativo (tarifas, salarios, prestaciones de ley, etc.).
Es común que en México las trabajadoras del sexo comercial sufran de agresiones por parte de proxenetas, prostituyentes –erróneamente denominados “clientes”– y policías, además de la marginación general por el resto de los sectores poblacionales. Estos fenómenos dan espacio al llamado por parte del feminismo que busca la regulación de los derechos de las trabajadoras del sexo comercial. Como todas las ramas del feminismo, la regulación no entra obligatoriamente bajo una única percepción de la lucha feminista, por lo que puede ser entendida desde diferentes esferas: liberal, pro-derechos, regulacionismo, u otros.
Las mujeres en situación de trabajo sexual comerciado suelen ser las primeras en alzar la voz para exigir la regulación por parte del Estado. El libro “Putas, activistas y periodistas”, publicado en 2018, es el resultado de la unión de las voces de trabajadoras del sexo comercial que narran las complejas realidades a razón de su condición laboral. El documento, al que se puede acceder gratuitamente, hace un llamado a la necesidad del reconocimiento formal del trabajo sexual desde una narrativa pocas veces escuchada: la de las trabajadoras mismas. Se pretende que con la intervención del Estado, el comercio sexual pueda proteger a las trabajadoras, atacar las redes ilegales de trata de personas, castigar a los actores que lucren con la sexualidad de terceros, y sobre todo, permitir la liberación sexual de la mujer a través del ejercicio libre y consentido del trabajo sexual comercial.
Cualquiera que sea la posición en la que nos encontremos con respecto a este debate, o cualquier otro relacionado al feminismo, el estado actual del mundo y de nuestro país nos presentan circunstancias difíciles de ignorar. Es fundamental que fuera de los desacuerdos, las mujeres recordemos que el principal objetivo de nuestra lucha es el mismo: vivir en libertad más allá de nuestras condiciones personales.
Cada una se hace feminista con su propia historia, por tanto, reconocer y aceptar las vivencias individuales facilita la labor hacia la emancipación femenina. Sería contradictorio como mujeres dejar de velar por la protección de otras ante una situación de emergencia como la que existe actualmente en México. El debate, sin embargo, nos enriquece y nos permite entender visiones ajenas a la nuestra que llevarán a soluciones más íntegras. Sigamos hablando, dialogando, escuchando, pero más que nada accionando, para asegurar realidades en las que todas seamos protegidas.
