Hace unos días salió a la luz un video en el que la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, un municipio del centro de Jalisco, muestra cómo una decena de policías detienen a un peligroso hombre. Las causas aún se desconocen.
Giovanni tenía 30 años. Caminaba con su primo y su tía, hace más de un mes, en busca de una rica cena. Hay dos versiones. Una asegura que fue detenido por no portar cubrebocas. Testigos suponen que reaccionó de manera agresiva y por eso se lo llevaron a los separos de la policía municipal. Ahí fue torturado por tres horas. Murió un día después. Sí, a manos de la policía. Documentos han dejado en evidencia la falta de profesionalismo de las autoridades policiacas de un municipio que está a tan solo 30 kilómetros de la capital del Estado.
El año pasado, efectivos de Ixtlahuacán por golpear y dañar las pertenencias de un detenido. Según los reportes, en el hecho se involucró al juez municipal, Getzauth Godínez Corona y al comisario, Juan Manuel Becerra Santacruz, quien actualmente sigue en el cargo, se narra en una nota de Infobae.
También se sabe de casos en los que han estado involucrados en casos de desaparición forzada y asesinato. Un mal que parece endémico en todo el país. Las policías municipales, basta ver los casos de algunos estado de Tamaulipas y Veracruz, han estado a las órdenes de todos menos de los ciudadanos.
Existen casos documentados de abuso policial. También, testimonios e investigaciones que han demostrado que los jefes locales de grupos del crimen organizado han convertido a los policías municipales en sus aliados.
Las protestas y la diatriba se han ido por pedir la destitución del Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. ¿Y los jefes de seguridad locales? ¿Y la capacitación a la que deberían acceder? ¿Y los planes para recomponer la seguridad desde lo local?
El asesinato de Giovanni dejó en claro, una vez más, que la justicia en México, en su impartición y procuración, vive sus días más aciagos. Siguen esas viejas prácticas del binomio funcional dinero-justicia. No hay cambio.
Se sabe, también, que la policía de Ixtlahuacán lleva un registro de irregularidades sobre el actuar de su policía municipal. Como ellos, casi todas las. policías locales del país.
De acuerdo a una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2017 se registraron, en promedio, 1.688 casos de corrupción por cada 1.000 policías en servicio activo en México. Lo anterior, se traduce en 1,6 actos de corrupción por cada policía a nivel nacional.
Las cifras hablan por sí solas. En Chihuahua y Puebla han llegado a desarmar a todas las policías locales. El Ejército ha tomado el control en municipios completos. Pero la inacción sigue ahí. Nadie se ha preocupado en aumentar los paupérrimos sueldos de los policías. Tampoco, en mejorar su forma física, su formación académica y psicológica.
“Es mucho más fácil desarrollar programas de capacitación y mejorar los criterios de selección que revertir una larga tradición de extorsión y soborno”, afirmó el investigador Daniel Sabet en un documento elaborado por la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos (WOLA).
Y es que los salarios y la falta de incentivos es lo que orilla, en buena parte de las ocasiones, a que los policías salten de la legalidad a la ilegalidad. También, las sentencias de muerte que pesan sobre ellos si no aceptan «colaborar» con jefes de plaza.
Mientras no haya un verdadero Estado de Derecho que abrace a las corporaciones policiacas locales, veremos más casos como el de Giovanni y seguirán surgiendo casos de desapariciones forzadas y asesinatos en manos de…las autoridades.
