Emilio Lozoya gozaba de todo el prestigio que el dinero y la educación puedan dar. Se convirtió en la campaña del ex presidente Enrique Peña Nieto en una pieza clave. Hoy, se sabe que recibió de Odebrecht, constructora brasileña, dinero para pagar a consultores internacionales.
Sin embargo, logró llegar a ser director de Petróleos Mexicanos (Pemex). Desde ahí siguió operando ya con Peña como presidente. Ahora, para lograr negocios donde varios de los miembros del gabinete saldrían beneficiados. Uno de ellos fue la compra de una planta chatarra a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA).
Luego de varios meses prófugo y luego preso en España, a raíz que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusara a Lozoya de desvío de recursos y ejercicio indebido de la función pública.
Este 28 de julio, desde una cama del hospital Ángeles del Pedregal, donde se le cumplimentó una orden de aprehensión por el caso de la compra de la planta chatarra y se le imputó el delito de operación con recursos de procedencia ilícita, Lozoya podría poner la primera tumba del ataúd de un grupo político que emergió y se fortaleció en el PRI menos revolucionario.
«Usted alentó una actividad ilícita, ya que sin verificar en julio de 2013 en una sesión orinaría del consejo de Pemex usted autorizó la planta de agronitrogenados de Pemex. Era relevante no solo por la producción de fertilizante, sino que sería de gran importancia para Pemex», le leyó el juez José Artemio Zúñiga Mendoza en la causa penal 211/2019, sobre el caso Agronitrogenados.
Además, le espetó el juez, «usted mencionó que era un área extraordinaria para Pemex y que era prioritario para el gobierno de la República y buen negocio para Pemex». Luego, dio cuenta de los movimiento bancarios que hizo Lozoya para recibir dinero por esa compra.
«Agradezco que se me informen los hechos que se me imputen. Mi compromiso fue renunciar al juicio de extradición para que se aclare mi situación jurídica», ha dicho Lozoya en sus primeras palabras públicas desde su llegada a México.
Y agregó que no es «responsable ni culpable» de los delitos que se le imputan.
La UIF, una de las partes ofendidas estuvo de acuerdo con la importación que le hizo la FGR.
