En 1988, con el dudoso triunfo de Carlos Salinas de Gortari, nuestro país comenzó un periodo de consolidación del modelo neoliberal, el cual se caracterizó por una concentración desmesurada de la riqueza, la privatización de bienes y servicios públicos, procesos electorales facciosos, corrupción desmedida y acciones gubernamentales que trajeron como consecuencia el desbordamiento de la violencia, las violaciones masivas a derechos humanos, inseguridad e impunidad, quebrantando y debilitando al estado de derecho.
Esta era neoliberal, según los dichos del Ejecutivo Federal, terminó el 30 de noviembre de 2018, con el amplio triunfo del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Sin duda su victoria fue el reflejo del hartazgo y el resentimiento que generaron sus antecesores al pueblo de México.
Es innegable que 5 sexenios de un modelo político económico elitista, antidemocratico y corrupto colmaron la paciencia de la ciudadanía quienes desde diferentes trincheras exigieron justicia social a sus reclamos.
En septiembre pasado, el presidente de México presentó como iniciativa preferente al pleno del Senado de la República la propuesta de Consulta Popular en materia de enjuiciamiento a los expresidentes del periodo 1988-2018.
Al día de hoy, el gobierno en turno cuenta con plena legitimidad (Norberto Bobbio, Nicolas Matteucci y Gianfranco Pasquino (2013) p. 862, definen legitimidad como: “Atributo del Estado que consiste en la existencia en una parte relevante de la población de consenso tal que asegure la obediencia sin que sea necesario salvo en casos marginales recurrir a la fuerza ”) para denunciar a los expresidentes por la vía de la legalidad pero el presidente de México ha optado por consultar a la ciudadanía si se deben emprender acciones legales contra sus antecesores, perdiendo toda la credibilidad de mano dura contra la corrupción y cero impunidad; Sustituyéndola por un teatro electoral, dándole la espalda a un reclamo histórico de todos aquellos ciudadanos que la élite política segregó y desprecio, la cual se debe realizar con el fondo y forma correspondiente ante las instituciones competentes.
La ley de consulta popular es muy precisa sobre quienes son las autoridades encargadas de impartir justicia “Artículo 3. La aplicación de las normas de esta Ley corresponde al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Instituto Federal Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sus respectivos ámbitos de competencia.”[1]. Por tal motivo la consulta popular propuesta por el titular del ejecutivo contraviene al reclamo social y a las leyes federales.
Someter a consulta un juicio contra los expresidentes del modelo neoliberal, desnaturaliza la finalidad de la misma y genera un efecto completamente opuesto al objeto de esta, se vulnera la posibilidad de empoderar a las voces históricamente invisibles, pone en riesgo la voluntad ciudadana del respeto a los derechos humanos; además puede generar un precedente de impunidad como nunca se ha visto en la historia moderna de nuestro país.
Es momento de dar la cara a los 52.96%[2] de electores que votaron por López Obrador en 2018 , responder al reclamo colectivo y a la sed de justicia que tienen las miles de víctimas de los delitos cometidos por Carlos Salinas, Ernesto Zedillo , Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; una consulta puede violar el debido proceso, vulnerar derecho a la reparación del daño a las victimas y nos puede volver a todos cómplices y partícipes por omisión de las atrocidades cometidas. La justicia no se consulta.
