Una de las consecuencias indirectas de la reforma energética impulsada por la administración anterior, fue el ingreso de México a la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Esta decisión fue tomada exclusivamente por el gobierno de Enrique Peña Nieto, sin siquiera consultar oportunamente con el Senado, las implicaciones geopolíticas de la misma. Esto evidenció uno de los rasgos del marco jurídico derivado de la reforma energética: la total ausencia de consideraciones en materia de geopolítica y seguridad nacional. Convencidos de que el petróleo es una mercancía como cualquier otra, los impulsores de la reforma plasmaron en ella, una visión ahistórica e idealizada del mercado petrolero internacional.
Resulta difícil de comprender cuales fueron los objetivos centrales o el significado geopolítico de que México formara parte de la Agencia. Este organismo fue creado por la OCDE a raíz del «shock» petrolero de 1973, cuando el precio del petróleo se cuadruplicó en unas semanas. Es decir, surgió para contrarrestar el poder de mercado de los países exportadores de crudo, particularmente los agrupados en la OPEP.
En este sentido, vale la pena recordar que, a inicios del Siglo XX, las grandes potencias reemplazaron el carbón por derivados del petróleo, como combustibles para sus armadas, convirtiendo así al hidrocarburo en una materia prima estratégica para su seguridad nacional. Controlar las fuentes y modalidades del comercio petrolero internacional, se volvió desde entonces, un elemento central de sus intereses geopolíticos.
La creación de la Agencia Internacional de la Energía, partió el mercado petrolero mundial en dos bloques, con intereses económicos y políticos irreconciliables: el de los importadores netos, agrupados en la Agencia y el de los exportadores, reunidos en la OPEP. Los miembros de la AIE formalizaron acuerdos para liberalizar las políticas energéticas y petroleras, impulsando la privatización de las empresas públicas petroleras y eliminando toda restricción al comercio de energéticos. Evidentemente, esta orientación va en sentido contrario a la política energética y petrolera del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
De hecho, desde la plataforma electoral de la coalición «Juntos haremos historia», se plasmó como el décimo eje estratégico en materia petrolera «recuperar las nociones e instrumentos de geopolítica y seguridad nacional en el sector petrolero»; siendo el primer punto para conseguirlo, el de «evaluar la participación de México en la Agencia Internacional de la Energía, creada para defender los intereses de los países industrializados frente a los productores de petróleo.» De manera que la permanencia de México en la Agencia, despierta algunas preguntas: ¿Cuáles son las razones y el sentido de que México siga siendo miembro de este organismo, surgido para contrarrestar el poder de la OPEP y garantizarle a los países desarrollados el abasto de petróleo a bajos precios? ¿Se está realizando la evaluación planteada en la plataforma electoral del gobierno?, ¿Cuáles son los elementos que se están considerando en esta evaluación?, ¿Existe algún plazo para obtener las conclusiones de la misma y tomar las decisiones políticas pertinentes?, ¿Piensan involucrar al Senado de la República en algún momento de este proceso?, ¿No considera necesario explorar la posibilidad de un mayor acercamiento y mejor coordinación con la OPEP?
