Si algo quedó claro en los primeros días del mandato del nuevo Presidente de los Estados Unidos de América, es la importancia que le confiere a los temas relacionados con el medio ambiente.
Sin duda, la orientación política o ideológica de un gobierno se puede caracterizar, no solo por el conjunto de políticas públicas que decide poner en marcha, sino también y sobre todo, por el orden jerárquico que establece entre las mismas.
En ese sentido, llama la atención que, entre las primeras medidas de la nueva administración estadounidense, se cuenten la decisión de reintegrar a su país al Acuerdo de París, la cancelación del permiso para la construcción del oleoducto Keystone XL, la suspensión por sesenta días de los permisos de perforación y la moratoria para realizar licitaciones en tierra y aguas federales. A la par de estas medidas, se anunció la revisión de todos los programas gubernamentales en materia de petróleo y gas.
Además de haber sido uno de los compromisos que con mayor vehemencia enarboló durante su campaña presidencial; Joe Biden pareciera estar consciente de que sus posturas en favor de la lucha contra el cambio climático, junto con su crítica a la desigualdad y el racismo; constituyen los elementos fundamentales que permitieron cohesionar la muy heterogénea coalición progresista que hizo posible su triunfo electoral.
Aún no sabemos cuál será la respuesta canadiense a la cancelación del permiso para el oleoducto Keystone XL, un proyecto de 8,000 millones de dólares de TC Energy Corp; en el que se han involucrado fuertemente, tanto el gobierno federal como el de la provincia de Alberta. El Primer Ministro liberal, Justin Trudeau, reaccionó con prudencia, acusando el golpe pero al mismo tiempo reconociendo a Biden por honrar sus compromisos electorales. De su lado, Jason Kenney, el político conservador que encabeza el gobierno de Alberta, dejó entrever la posibilidad de una disputa legal. Ahora bien, sin que necesariamente se genere un conflicto entre gobiernos, TC Energy podría ampararse en las disposiciones del T-MEC contenidas en el Anexo 14-B y someter a arbitraje una reclamación, considerando que el gobierno bestadounidense ha tomado medidas que lesionan las expectativas de su inversión en curso.
Por su parte, Mike Sommers, Presidente del Instituto Americano del Petróleo (API), estructuró en términos geopolíticos su respuesta inicial a la moratoria decretada por Joe Biden, declarando que ésta implica una mayor importación de petróleo, en momentos en que la recuperación económica esperada, le da a Estados Unidos la nposibilidad de decidir si produce localmente el crudo o si depende de la producción de países hostiles a sus intereses. Una declaración con fuerte aroma a los años setenta del siglo pasado….
El desarrollo de los acontecimientos en torno a las medidas de Biden en materia petrolera, resulta de interés para México porque una consecuencia pudiera ser, que el gobierno estadounidense no acompañe las presiones de algunas compañías petroleras de ese país, en contra de ciertas medidas del gobierno mexicano. Además, la suspensión del oleoducto Keystone XL, muestra que para Joe Biden es válido afectar intereses privados en nombre de la protección del medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios.
Entonces ¿por qué no podría serlo también en nombre de la seguridad energética de un país?
