En una sesión marcada por descalificaciones y pancartas en tribuna, el pleno del Senado de la República aprobó con 72 votos a favor de la mayoría oficialista y 34 en contra de los partidos de oposición una serie de modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, un paquete legislativo que fue catalogado mediática y políticamente como la «ley antimemes».
La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo formal fortalecer el combate contra la piratería, endurecer las sanciones por la falsificación de marcas e identidad institucional y armonizar la legislación mexicana con los estándares de propiedad intelectual del T-MEC y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). No obstante, el debate legislativo se polarizó en torno a los límites entre la regulación digital y la libertad de expresión.
El origen de la polémica: ¿por qué se le llamó «ley antimemes»?
El término surgió a partir de la redacción original del dictamen en materia de propiedad intelectual y delitos informáticos, donde se proponía tipificar penalmente la manipulación, alteración, reproducción no autorizada o difusión indebida de comunicaciones, logotipos, documentos o imágenes institucionales del Estado mexicano.
Organizaciones de derechos digitales y legisladores de oposición advirtieron que la ambigüedad en los términos legales dejaba abierta la puerta para criminalizar el humor político, la parodia, la sátira y los memes que emplean escudos oficiales, logotipos de dependencias o imágenes públicas de funcionarios de gobierno. Argumentaron que un tipo penal laxo podría utilizarse como una herramienta de censura selectiva contra críticos, activistas o creadores de contenido digital.
Precisiones legales frente a los reclamos en tribuna
Ante la controversia generada desde comisiones, Morena y sus aliados ajustaron la tipificación delictiva para acotar la conducta. La bancada mayoritaria defendió que la «ley antimemes» no existe como tal en el espíritu de la reforma y aseguró que la sátira está protegida constitucionalmente. De acuerdo con lo avalado, para que se configure un delito federal con penas privativas de la libertad se requiere demostrar tres elementos indispensables:
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Dolo de engaño institucional: Que la persona intente hacer pasar deliberadamente una plataforma, documento o comunicación apócrifa como oficial.
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Escala comercial o lucro: La explotación económica indebida o comercialización ilícita de los contenidos falsificados.
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Intención de fraude: El propósito expreso de consumar un ilícito o estafa a través de la suplantación de la entidad pública.
Pese a las modificaciones en la redacción, senadores del PAN y del PRI denunciaron en tribuna que las penas —que contemplan hasta cinco años de prisión— mantienen un efecto inhibitorio sobre la crítica social, acusando que se pretende «criminalizar la risa» y castigar la disidencia. Tras su aprobación en la Cámara alta, el proyecto fue turnado a la Cámara de Diputados para su correspondiente revisión y dictaminación.
