Lo que inició como una protesta de 10 mil personas por la mala calidad del líquido culminó en disturbios; el Gobierno estatal acusa la irrupción de un grupo de choque ajeno al contingente ciudadano.
Por Redacción
Guadalajara, Jalisco — Una jornada de masiva exigencia social por el derecho al agua limpia terminó este domingo en confrontación en la capital jalisciense. La movilización, que congregó a cerca de 10 mil personas con destino a Casa Jalisco, derivó en disturbios con saldo de 59 personas lesionadas —entre ellas dos policías de gravedad— y 39 manifestantes detenidos, según el balance nocturno presentado por las autoridades estatales.
La inconformidad ciudadana surgió ante el constante suministro de agua turbia y contaminada que afecta a colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara desde febrero pasado. Contingentes de familias, estudiantes, comerciantes y activistas partieron desde la Glorieta de La Minería portando mantas y consignas como “Queremos agua limpia” y reclamos hacia la administración de Pablo Lemus Navarro.
De la movilización al choque
Aunque la marcha transcurrió de manera pacífica durante sus primeras dos horas, la tensión se desbordó al mediodía al llegar a la residencia oficial del gobernador.
En el punto, grupos de manifestantes derribaron las vallas de seguridad perimetrales, lo que desató la respuesta de los cuerpos antimotines con el uso de agua a presión y gases lacrimógenos para dispersar la concentración. La refriega dejó escenas de repliegue hacia La Minerva y afectó tanto a civiles como a periodistas que documentaban la protesta.
El balance del Gobierno estatal
Horas más tarde, el Gobierno de Jalisco emitió un comunicado donde informó que 28 elementos de seguridad resultaron con lesiones —dos de ellos en estado delicado—, junto a 31 civiles que requirieron atención médica.
Asimismo, la autoridad confirmó la aprehensión de 39 personas puestas a disposición de la Fiscalía del Estado, reporte que coincidió con las exigencias de transparencia emitidas por comunidades universitarias tras denuncias de detenciones arbitrarias.
En su postura institucional, el Ejecutivo local lamentó los hechos violentos y aseguró que fueron provocados por un grupo de choque de alrededor de 400 individuos ajenos a las demandas vecinales, desvirtuando el carácter legítimo del reclamo por la crisis hídrica en la metrópoli.
