MADRID — El Gobierno de España, presidido por el socialista Pedro Sánchez, ha colocado a TikTok en su máxima mira. A raíz de una investigación periodística que destapó una red de explotación y contenido pedófilo en la plataforma, el Ministerio de Juventud e Infancia ha solicitado formalmente a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) la suspensión cautelar inmediata de la aplicación en todo el país, donde cuenta con unos 24 millones de usuarios.
«Si de nosotros dependiera, estaría cerrado desde ayer. Esto tiene que terminar», sentenció la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, al anunciar las medidas drásticas que emprende el Ejecutivo del que forma parte.
Un ecosistema de vulnerabilidad y lucro con menores
El detonante de esta ofensiva institucional es una profunda investigación publicada por el portal Maldita.es, la cual sacó a la luz más de mil vídeos y transmisiones en directo con contenido pedófilo. El reportaje documentó además acciones flagrantes de abuso a menores en unos 20.000 perfiles distribuidos a nivel global.
El modus operandi detectado ocurre principalmente en los directos realizados por menores —especialmente niñas de entre 12 y 14 años— sin que la plataforma interponga ningún tipo de filtro o traba. En estas transmisiones, usuarios de distintas partes del mundo interactúan con las menores y les proponen acciones de índole sexual a cambio de incentivos económicos convertidos en «dádivas». Entre las peticiones recurrentes figuran mostrar partes del cuerpo como los pies o el ombligo para satisfacer fetiches.
Para el Ejecutivo español, el problema va más allá de casos aislados. La ministra Rego acusó directamente a la red social de «sostener, mantener y perpetuar de forma sencilla un ecosistema de violencia sexual contra niños».
«Se trata de un problema estructural, que premia la generación de ecosistemas que comparten, reproducen y ponen a disposición violencia sexual contra la infancia», denunció la titular de Infancia, quien añadió que los algoritmos de la compañía están diseñados para anteponer el beneficio económico al cumplimiento de los derechos de los menores, haciendo inservibles los mecanismos de autorregulación.
Suspensión temporal de tres meses
Ante la gravedad de los hechos, el Gobierno no solo ha trasladado la investigación a la Fiscalía General del Estado —la cual prepara una denuncia formal tras evaluar su recorrido jurídico—, sino que ha buscado un resquicio legal urgente para frenar la actividad de la app.
El Ministerio se ha amparado en el artículo 66.1 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Dicho apartado permite que, en circunstancias excepcionales y de urgente necesidad para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, una autoridad nacional adopte medidas provisionales con efectos en su territorio. De recibir el visto bueno de la AEPD, esta clausura temporal tendría una validez inicial máxima de tres meses.
Sin respuestas convincentes de la plataforma
Previamente a la solicitud de cierre, el Ministerio mantuvo una reunión con los representantes de TikTok en España con el objetivo de exigir explicaciones y conocer las medidas correctoras implementadas. Sin embargo, el balance oficial fue tajante.
«No hemos recibido demasiadas respuestas. Han dicho que van a estudiar la situación, pero poco más. No vemos voluntad ni compromiso de hacer una auditoría ni de plantear mecanismos de verificación», lamentó la ministra de Infancia.
Por el momento, la pelota se encuentra en el tejado de la Agencia Española de Protección de Datos, un organismo independiente adscrito al Ministerio de la Presidencia, que deberá evaluar los argumentos del gabinete de Pedro Sánchez y decidir si da el paso sin precedentes de apagar temporalmente una de las redes sociales más populares de España.
