El estancamiento económico del país, el freno a las inversiones privadas en el Sector, la creciente disfuncionalidad institucionalidad, los resultados de PEMEX en 2019, la pandemia del coronavirus y el desplome de los precios del crudo; hacen urgente un golpe de timón en materia petrolera.
Este día, la cotización de la mezcla mexicana de exportación cayó a 18.78 dólares por barril; su nivel más bajo, en términos nominales, desde el 4 de Marzo de 2002. Este nivel de precios es inferior al costo total promedio de producción de nuestra petrolera, que se sitúa en torno a los 21 dólares por barril. Ahora bien, el costro de extracción (energía, insumos, equipos, mano de obra) es inferior a los 10 dólares, por lo que la operación no se ve comprometida, aunque los resultados financieros, de prolongarse la etapa de bajos precios, podrían ser desastrosos.
Recordemos que PEMEX cerró el año 2019 con pérdidas por 346,145 millones de pesos: casi el doble que el año anterior. Peor aún, su rendimiento antes de impuestos y derechos, que solía ser uno de los mayores entre las petroleras del mundo, sufrió una contracción de 95.1%. Esto podría estar reflejando altos costos de producción en los campos de mayor complejidad geológica; la ya sensible pérdida de parte de mercado en combustibles; así como la insuficiencia de los apoyos fiscales otorgados por el gobierno a lo largo del año.
A partir de este contexto, podemos avizorar algunos riesgos en el horizonte petrolero:
¿Recortar voluntariamente la producción?
La persistencia de precios bajos podría volver no rentable una porción significativa de la producción de crudo. En virtud del mandato de ley de PEMEX (crear valor) y de seguirse una estricta lógica microeconómica, Petróleos Mexicanos debería dejar de extraer crudo de los campos con mayores costos de producción (campos maduros, Chicontepec, etc) para atemperar sus pérdidas. Algunos analistas sostienen que, en el actual escenario de precios y para mantener la rentabilidad, PEMEX debería disminuir su producción a unos 1.3 – 1.4 millones de barriles por día. Si bien esta es una práctica común en la industria petrolera internacional (de hecho es uno de los objetivos de la guerra comercial iniciada por Arabia Saudita, valiéndose de sus bajos costos de producción), en México sería visto como un serio revés político para PEMEX y el Gobierno. Este es, sin duda, el mayor riesgo del momento. Ya sea porque se persista en extraer todo el crudo posible y a la mayor rapidez, incrementando las pérdidas económicas; o bien porque se recorte la producción, haciendo inalcanzables los objetivos del Plan de Negocios y asumiendo un alto costo político.
Planea en el ambiente, el fantasma de una degradación en la calificación de la deuda de PEMEX.
Mayores Presiones Internacionales y Empresariales.
En la Embajada de Estados Unidos, se reunieron diplomáticos de ese país, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Italia y España; para compartir sus preocupaciones y posturas sobre la política energética del Gobierno Mexicano. El que esta reunión haya trascendido, presagia que la Presión Internacional para contrarrestar la postura nacionalista del Gobierno en el sector, muy probablemente vaya en aumento, con un involucramiento creciente de los Gobiernos de los Países cuyas operadoras se han instalado en México.
En ese mismo sentido, diversos actores insisten en la reanudación de las licitaciones y los farm outs, sin que se propongan cambios ni en el marco jurídico ni en los procedimientos utilizados en las rondas efectuadas durante el Gobierno anterior. En principio, esto es políticamente inviable, porque la postura del Presidente de la República no solo se deriva de la Plataforma Electoral de 2018, sino que es el reflejo de principios muy enraizados en el imaginario colectivo de la izquierda mexicana. Sin embargo, existe el riesgo de que las dificultades económicas pudieran llevar a que el pragmatismo se impusiera a la firmeza ideológica y se buscara alguna modalidad que diera respuesta a la demanda de las transnacionales. En las circunstancias actuales, reanudar las licitaciones o los farm outs, sin cambios en la ley, podría desembocar en condiciones muy desfavorables para el Estado. Este es el Peor momento para transigir en este tema crucial para México.
Dos bocas en la mira.
Las críticas y presiones contra el proyecto de la nueva refinería, seguramente se agudizarán. Aunque la Refinación como Actividad industrial, tendrá mayores márgenes al disminuir el precio del crudo, los cuestionamientos serán dirigidos a la disponibilidad presupuestal para finalizar un proyecto costoso que apenas está en ciernes, al tiempo que el resto del Sistema Nacional de Refinación no ha mejorado substancialmente su funcionamiento.
En la Actualidad, siguen los trabajos de compactación que no concluyen puesto que aún no está lista la ingeniería básica del proyecto; lo que impide especificar los equipos estáticos y dinámicos para después asignar su fabricación, la cual tomará más de dos años, conforme a los estándares internacionales.
Se espera que, en el mes de mayo, los consorcios a los que se les asignaron los diversos paquetes del proyecto den a conocer con más precisión sus propuestas de presupuesto y tiempos de construcción. Podría haber cambios importantes en relación con las expectativas originales, complicando la capacidad de financiamiento del Gobierno.
