El plan de regreso a la Nueva Normalidad se presentó justo 24 horas después del día que se registró el mayor número de muertos y contagios por COVID-19. Es un plan esperanzados, que busca reactivar una economía que, pese a créditos y apoyos, no logra levantar, pero que no contempla el panorama general, real y actual de nuestro país.
La Nueva Normalidad no contempla que se han perdido más de medio millón de empleos y que esto no solamente impactará en la economía nacional, sino que también en los niveles de inseguridad que se incrementarán y que resulta una de las mayores deudas que ha tenido este gobierno con la sociedad.
Los niveles de homicidio doloso, pese a la contingencia, no disminuyeron. Según datos de la Comisión Nacional de Seguridad, en enero y febrero se registraron 2,376 y 2,352 víctimas, respectivamente, con un promedio de 76.6 al día en enero y 81.1 en febrero.
Los meses siguientes, marzo y abril, el homicidio repuntó. Incluso marzo fue el segundo mes con el mayor número de homicidios dolosos en lo que va de la actual administración, con 2,585 víctimas, registrando un promedio diario de 83.4, sólo superado por junio del 2019, donde ocurrieron 2,543 homicidios dolosos.
Recordemos que fue a mediados de marzo que el gobierno inició el llamado de #QuédateEnCasa, ante lo cual se hubiera esperado que redujera considerablemente este delito, sin embargo, no fue así. En abril se registraron 2,492 homicidios dolosos, apenas 93 menos que el mes pasado, con lo que el promedio fue de 83.1 por día, pero se dio el día con más homicidios en lo que va del año: 114. Mientras que en los primeros 12 días de mayo, se han registrado 905 homicidios, 75.4 por día.
Esta secuencia de meses con más de 80 homicidios por día es algo nuevo en este gobierno. Si tomamos los datos de febrero, ha sido el trimestre con más homicidios dolosos en lo que va del sexenio de López Obrador. Esta es la nueva realidad que no se contempla en el plan de regreso a la nueva normalidad.
Parece ser que con el decreto que legitima la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, eso que tanto criticó AMLO de Calderón, se busca reducir estos niveles, teniendo tanto a la Guardia Nacional como al Ejército y a la Marina en las calles. Sin embargo, la respuesta está lejos de ser la indicada, para muestra los gobiernos anteriores donde las víctimas de una guerra inexplicable eran el pan de cada día.
Si bien el tema de este decreto es para analizarse en otro momento, más aún las maromas que dan morenistas para apoyar este decreto o los panistas para rechazarlo cuando antes apoyaban. Debe aclararse que venía contemplado en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional cuando se creó la Guardia Nacional y el plazo es de cinco años, que terminaría en abril de 2024, meses antes de que concluya el actual gobierno, con lo que estamos ante una promesa incumplida de esta administración: quitar a las fuerzas armadas de labores de seguridad pública.
El plan de regreso a la Nueva Normalidad debería venir de la mano con un plan para la creación y recuperación de empleo, el cual sólo puede ser en unión con el sector empresarial, incluidos aquellos que no gozan del visto bueno de López Obrador. Sabemos que el que tiene la última palabra es el Presidente, pero esa mesa deberá reunir a quienes son capaces de negociar, ante lo cual tendría que estar el secretario omnipresente Marcelo Ebrard, el titular de Hacienda, Arturo Herrera, y la titular de la Secretaría de Trabajo, Luisa Alcalde, que poco o nada ha aparecido para hablar del tema.
Las empresas se verán obligadas a implementar medidas de seguridad en materia de salud, pero también, para aquellas que puedan voltear hacia el home office o los horarios escalonados como una realidad, como una nueva forma para encarar esta Nueva Realidad. Más allá de las medidas que se les impongan desde el gobierno, ellas deben dar ese plus para sus trabajadores, quienes finalmente son los que las sacan adelante.
Por el bien de todos, primero crear y recuperar empleos, antes que salir a la Nueva Normalidad.
