por Nestor Leandro Hernández.
El 1 de septiembre de 2006 Andrés Manuel López Obrador lanzó un grito en el Zócalo que marcaría una pauta en la historia política de nuestro país y que propugnaba el establecimiento de una República representativa y verdaderamente popular, que buscaba acabar con los vicios del sistema, con los privilegios e impunidad que la oligarquía había cultivado por décadas: “¡Que se vayan al diablo con sus instituciones! “. Hubo que esperar un sexenio completo para que la caminata comenzara.
Después de la derrota electoral del 2012 frente a Enrique Peña Nieto, el tabasqueño poco a poco se fue recorriendo de la izquierda hacia el centro con el objetivo de aglutinar a más sectores que lo apoyaran rumbo a la presidencial de 2018. El apoyo de diferentes personajes y sectores sociales, incluso del sector privado, llegó y pudo tomar posesión en diciembre de 2018 respaldado con una legitimidad aplastante.
La tercera era la vencida, y las dudas sobre el abandono de la izquierda de López Obrador para poder obtener el respaldo electoral suficiente empezaban a ser más constantes. La incorporación de Manuel Bartlett y demás prominentes ex priístas y panistas -que antes lo habían atacado- a su equipo de campaña, así como los coqueteos con Grupo Salinas y los guiños con grupos ultra conservadores evangélicos, eran señales de alerta para los otros grupos de izquierda que sin pertenecer a Morena, habían confiado en que al arribar el progresismo a Palacio Nacional las demandas sociales que habían esperado por décadas podían empezar a resolverse. Habría que verlo.
Las dudas sobre sus planes de izquierda estaban a la vista. Proyectos como el tren Maya, que afectará a comunidades indígenas y que podría causar serios daños ambientales irreversibles a los ecosistemas de la península de Yucatán, según varias ONG’s; su amistad con el arzobispo primado de México, Norberto Rivera, a quien se señala e encubrir casos de pederastia en la iglesia católica mexicana; el apoyarse en grupos evangélicos para que apoyen la difusión de su cartilla moral a cambio de frecuencias de radio; y no olvidemos la militarización del país para contener a los migrantes centroamericanos a petición de Donald Trump.
Aunado a esto, mientras el país vive la mayor oleada de violencia en su historia; el tabasqueño colocaba en posiciones estratégicas a ex miembros de la famosa “mafia del poder” y habían actuado contra la misma izquierda años antes; firmaba un T-MEC que abarata la mano de obra mexicana; privilegió a Grupo Salinas con la distribución de las tarjetas de los apoyos sociales; le dio la espalda y tuvo poca empatía con las víctimas de la violencia; descalificó al movimiento feminista y cerró cualquier posibilidad a discutir el aborto seguro.
Por si fuera poco, recurrió al nacionalismo (como los regímenes fascistas que recurren a él para justificar el odio contra extranjeros y les da mucha popularidad entre sus seguidores) para sacar a flote deudas históricas y poder confrontarse con España por la invasión de América hace cinco siglos, pero al mismo tiempo daba luz verde a sus seguidores para atacar mediáticamente al EZLN, para acusarlos de traidores y no querer el progreso para los suyos por oponerse al Tren Maya (justo como lo había hecho Carlos Salinas de Gortari en 1994), un proyecto neoliberal que favorece ya en primera instancia al empresario Carlos Slim al otorgársele la licitación para la construcción del primer tramo. Elementos más que suficientes para corroborar que Andrés Manuel López Obrador ya no está en la izquierda política. No se trata de una incongruencia, sino de una estrategia política elaborada.
Otra señal más de derechización se dio hace un año, el 16 de mayo de 2019. El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseveró en su mañanera de aquel día que el gobierno federal atendería todas las denuncias de daños al medio ambiente y que no habrá protección para nadie, el que afectara la ecología sería castigado. Aprovechando la poca memoria histórica de los mexicanos, el 15 de mayo pasado, sin haber consultado a los actores con los que se tenía acuerdos y convenios, la Secretaría de Energía publicó una nueva normativa para el sector eléctrico en México con la finalidad de garantizar la “confiabilidad del sistema” durante la pandemia, se dijo.
Lo cierto es que el ímpetu de las fuentes de energía limpia (eólica, geotérmica, fotovoltaica hidroeléctrica e incluso nuclear) es ineludible y el potencial de México en esta área es ajeno a los ciclos políticos, y la decisión de la secretaria Rocío Nahle pone en entredicho el compromiso de la llamada “izquierda mexicana” con el medio ambiente.
Durante el sexenio pasado, México participó en la negociación y suscripción de 68 instrumentos internacionales en materia energética con 29 países, 10 organismos internacionales y 9 universidades y centros de investigación. Con todos ellos se suscribieron 37 acuerdos internacionales en cooperación energética, 8 tratados internacionales y otros 23 instrumentos de cooperación específicos. Bien valdría la pena revisarlos, pero no echarlos abajo.
La apuesta por una salida verde de la crisis, acelerando la transición ecológica y las inversiones en energías limpias para que se cree empleo ahora en sectores energéticos es ahora incierto. No se trata emprender la defensa de algunos inversionistas en esta área, sino de revisar dichos acuerdos pero no abandonar los compromisos firmados por nuestro país con anterioridad en beneficio de nuestro planeta y contra el cambio climático. Recordemos que una exigencia de la izquierda desde años atrás es luchar por disminuir la emisión de metano por combustibles fósiles. A esta 4T se le olvidó su propia consigna.
Hace unos días, la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa para desaparecer los fideicomisos. El Presidente desde Palacio Nacional emprendió la defensa de esta propuesta morenista y criticó a quienes se oponen a concretar un control estatal sobre los fideicomisos argumentando que “antes se robaban hasta el dinero de las medicinas”, por lo que ahora, cada vez que se plantea hacer una revisión de los fideicomisos surgen voces críticas. Lo que se le olvida al presidente López Obrador, o quiere negar, es que antes cuando él y sus legisladores cuando eran oposición impulsaron estos contratos para administrar los recursos financieros.
Incluso, el duopolio PRI-PAN en su momento, estuvo cerca de proponer esta misma medida hace años, pero frenaron su intención debido a que se dieron cuenta que una gran parte de la sociedad estaría en su contra y vendrían protestas. Finalmente tuvieron un poco de mesura para no generar mayor descontento social, ya que la figura de López Obrador cobraba mucha fuerza y él podría abanderar esta defensa. La propuesta se detuvo en aquel entonces.
La iniciativa para eliminar los 44 fideicomisos, entre los que está el Fonden y el Fidecine, quedó congelada en la Cámara de Diputados hasta que se realicen parlamentos para su discusión. Una medida inteligente por parte de los legisladores encabezados por Mario Delgado en el Senado de la República, ya que la molestia de las figuras mediáticas que ayudaron a frenar por el momento esta medida (Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo Del Toro) podrían generar bastante daño en las decisiones de los votantes que participarán en la elección intermedia de 2021.
Tomando en cuenta estos factores, habría también que resaltar ¿entonces por qué razón los detractores de López Obrador afines a la derecha atacan sus acciones si ha ido caminando hacia esa posición política, y muchas de las decisiones que este gobierno ha emprendido han sido continuación de las ya realizadas o intentadas durante los pasados gobiernos? Su crítica se anula en automático ya que la 4T camina hacia la derecha.
