Es común que en redes sociales, sobre todo en grupos donde se informa la situación de tráfico y accidentes de una de las carreteras más transitadas del país, la México-Toluca, se relaten historias sobre los abusos de los prestadores de servicios de grúas. Las cifras llegan a cantidades estratosféricas que muchas veces rozan el precio de venta del vehículo.
Un ejemplo de la poca transparencia de este servicio en el Estado de México la documentó Grupo Reforma en 2018. Y es que de acuerdo con la información publicada, «la empresa Grúas Manzur, propiedad del ex Secretario General de Gobierno del Estado de México, José Manzur, está siendo beneficiada con ganancias millonarias por operativos que se realizan en el Valle de Toluca para detener y arrastrar a los vehículos que carecen del holograma de verificación ambiental. Los conductores afectados han denunciado que han tenido que pagar el arrastre, que oscila entre 2 mil 600 y 2 mil 800 pesos, así como el corralón a la empresa privada y dijeron que lo han hecho de manera directa, en efectivo y sin intervención de alguna dependencia gubernamental como la Secretaría de Finanzas».
Ante ese escenario, morena ha presentado una iniciativa con la que se busca regular el servicio de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos. Con esto, aseguran, se abonará a la transparencia de sus procesos y a la actuación de concesionarios y permisionarios.
«En nuestra entidad, la carente infraestructura, la falta de control sobre los vehículos automotores ingresados a los depósitos de vehículos, la nula transparencia en los cobros de los servicios brindados por los mismos, los robos de autopartes sucedidos dentro de estos espacios, entre otras artimañas, ponen en duda si es un servicio a la ciudadanía o un atraco”, señaló uno de los diputados proponente de la iniciativa, Adrián Manuel Galicia Salceda.
Desde la legislatura pasada, diputados acusaron que, por ejemplo, 16 de 75 depósitos de la entidad el año pasado fueron clausurados por cobros excesivos, daños a los vehículos de los particulares y por el incumplimiento de requisitos.
¿Qué dice el proyecto con el que se busca regular este servicio?
El proyecto de decreto especifica que será la Secretaría de Movilidad quien regule estos servicios y determinar el área geográfica en la que operarán. Se indica que nadie podrá, al amparo de una misma concesión, prestar el Servicio Público Auxiliar de Guarda, Custodia y Depósito de Vehículos en más de un inmueble; se estipula que la propiedad y/o posesión del inmueble donde vayan a depositarse los vehículos no podrá ser menor de una hectárea y la propiedad se acreditará mediante escritura pública o, en su caso, la posesión con contrato de arrendamiento con plazo forzoso a 10 años.
