Por Raúl Rodríguez Cortés
No hay nada en estos días que más irrite a Morena y a la 4T que el tema de los desaparecidos en México. Un tema que volvieron a catapultar el hallazgo de un campo de reclutamiento del narco en Teuchitlán, Jalisco y la reciente declaración de la ONU de que se trata de una práctica generalizada y sistemática en el país.
Es imposible negar que se cometen desapariciones forzadas.
Las evidencias son los varios hallazgos de fosas clandestinas de cadáveres y la existencia de 145 colectivos de buscadores registrados ante la secretaría de Gobernación.
Su titular, Rosa Icela Rodríguez asegura que no hay cifras reales de desaparecidos, aunque otras fuentes oficiales reconocen 120 mil 628 hasta diciembre pasado.
Tales mediciones señalan que el año pasado fue el de más desapariciones registradas en la historia con 13 mil 499 casos y que de 1964 a 2022 se contabilizan oficialmente más de cien mil, 97% de las cuales ocurrieron después de 2006.
Reparar en las fechas es importante. Entre 1964 y 2000 las desapariciones forzadas eran de personas vinculadas a las guerrillas, a los presos políticos del movimiento del 68, al brote de insurgencia armada que provocó la masacre de Tlatelolco y a la llamada “guerra sucia” que le siguió hasta casi el año 2000.
Aquellas desapariciones forzadas fueron claramente cometidas por el Estado, por los aparatos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas.
Por otra parte, su gran escalada a partir de 2006 coincide con la guerra contra el narco de Calderón, continuada por Peña Nieto y cambiada, sin mayor resultado, por los abrazos de López Obrador.
Aquí la lógica te dice que las desapariciones forzadas han sido cometidas por la delincuencia organizada. Ejemplos sobran: los migrantes de San Fernando, Tamaulipas; los jóvenes de Lomas de Salvárcar en Ciudad Juárez, los macheteros de San Salvador Atenco y más recientemente los normalistas de Ayotzinapa.
Las desapariciones de antaño eran cometidas por el Estado. Las de hoy las comete el crimen organizado. En eso tiene razón el gobierno de Sheinbaum y por eso tanto le irrita el que le echen la culpa del problema.
Sin embargo, Ayotzinapa, por ejemplo, muestra por lo menos complicidad del Estado al coludirse con los delincuentes que perpetraron la desaparición de los jóvenes.
Y si salvaguardar la seguridad de todos es obligación principalísima del Estado, las desapariciones forzadas cometidas por el narco evidencian que el Estado no cumple con tan prioritaria tarea y, por lo tanto, carga con una parte de la resonsabilidad.
Para qué, entonces, confrontarse con los dichos del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. El problema ahí está, existe y es grave. Mejor concentrarse en encontrar caminos de solución, sin descalificar el diagnóstico de la ONU y otros esfuerzos para abatirlo. ([email protected], @RaulRodriguezC , raulrodriguezcortes.com.mx )
