Mexicali, B.C. — Lo que durante años se manejó como un secreto a voces en los pasillos del poder en Baja California ha tomado carácter oficial en Washington.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), exhibió las entrañas institucionales de la entidad al señalar formalmente a Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, como un engranaje clave de «narcocorrupción» al servicio de «La Mayiza», facción dominante del Cártel de Sinaloa.
El expediente norteamericano coloca al descubierto una red donde el poder político, la seguridad pública local y las finanzas de campaña presuntamente operaron como escudo protector para «Los Rusos», brazo armado de la organización criminal en Mexicali y Tijuana.
El poder político como escudo para el crimen
A diferencia de operativos tradicionales contra líderes de campo, la sanción del Tesoro pega directamente en el corazón político del estado. De acuerdo con la acusación formal, Carlos Torres operó como un facilitador que puso su capital político al servicio de Juan José Ponce Félix, alias «El Ruso», garantizando impunidad, frenando intervenciones de los cuerpos policiales y abriendo la frontera a la operación criminal sin restricciones gubernamentales.
Las pesquisas de Washington también alcanzaron a su entorno familiar: su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, fue catalogado como el operador financiero de la estructura, responsable no solo de acopiar sobornos, sino de ingresar ese dinero ilícito al circuito legal a través de empresas fachada y del financiamiento a campañas políticas.
Con esta revelación, el gobierno estadounidense también desmintió las versiones que en mayo de 2025 intentaron minimizar la revocación de la visa a Torres, confirmando que la medida migratoria derivó estrictamente de estas líneas de investigación por delincuencia organizada.
El documento de la OFAC reveló un mecanismo de cooptación institucional al señalar de forma explícita a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.
Según el informe, Mendívil recibía pagos directos de la facción criminal para ceder el control territorial de la corporación local a «Los Rusos», canalizando a la vez sobornos periódicos hacia la red encabezada por Torres.
Este señalamiento pone en entredicho el discurso oficial de combate a la inseguridad en los municipios fronterizos, evidenciando que los mandos encargados de cuidar a la ciudadanía presuntamente respondían a la nómina del crimen.
En la lista de facilitadores gubernamentales figura además Rafael Buenrostro Martín, exempleado de aduanas y exasesor legislativo en Baja California, a quien se vincula con José Ángel Rivera Zazueta, alto mando del Cártel de Sinaloa, cerrando la pinza del tráfico de influencias institucionales.
El costo político para el Gobierno de Baja California
La resolución del Tesoro congela de inmediato todos los activos, cuentas y bienes de los señalados bajo jurisdicción norteamericana y veta cualquier trato mercantil con entidades de ese país. No obstante, el impacto más severo es el político y de credibilidad.
Hasta el momento, la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda ha mantenido silencio ante la gravedad de un señalamiento internacional que documenta cómo el crimen organizado operó al amparo de personajes con acceso directo al poder ejecutivo del estado.
